Un titular de hoy de ese pasquín, dice ANTIVACUNAS SE MANIFIESTAN FRENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

La verdad es que no eran 300 como ellos dicen, y tampoco era un grupo de antivacunas, que al final de cuentas si fueran antivacunas sería lo de menos, porque la manifestación era pro derechos, pro libertad y pro autodeterminación.

El grupo denominado MOVIMIENTO POR LA SALUD Y LA LIBERTAD, es un grupo interdisciplinario conformado por abogados, médicos, farmacéuticos, biólogos, microbiólogos, enfermeras y enfermeros, investigadores y personas que han buscado información científica, datos y leyes, y lo que defienden son Derechos Humanos que hoy están siendo violentados y pisoteados.

Muchas personas aún no entienden que ésta organización no lucha por los derechos de ellos únicamente, sino por los derechos de todos, pues desde la medicina y la ciencia, la inoculación está causando estragos a nivel mundial, y Costa Rica no es la excepción.

Los VAERS en EEUU ya contabilizan 18.000 muertos a raiz de la vacuna y casi un millón de problemas serios y daños severos a la salud de quienes se han puesto esa sustancia que aún está en la fase III de experimentación, donde incluso los mismos fabricantes lo han dicho, y nadie sabe las consecuencias inmediatas, a mediano y a largo plazo, y esa es la razón por la que esa farmacéuticas se blindaron con sus contratos. NO SE HARÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS NI DE LAS MUERTES.

Todo lo que este movimiento argumenta lo tienen completamente sustentando con estudios y documentación, y no son simples «antivacunas», como despectivamente los etiquetan los medios de comunicación.

Por encima de la parte médico-científica, la mayor lucha y las marchas lo que pretenden es hacer consciencia sobre el derecho natural y fundamental de todos los seres humanos a decidir que come, que ropa usa, o en este caso que se inyecta y que no, y si no se lucha contra esa obligatoriedad que es ilegal desde todo punto de vista que se analice, sería dejar el portillo abierto para todo tipo de imposiciones de este y de futuros gobiernos.

Después de su manifestación «PACÍFICA E INFORMATIVA», en la Asamblea Legislativa, donde estuvieron presentes la diputada Shirley Díaz y el diputado Erick Rodríguez Steller, el grupo se dirigió hasta la Corte Suprema de Justicia, donde abogados expusieron desde el punto de vista del Derecho, la ilegalidad de los decretos ejecutivos sobre la obligatoriedad.