Como parte de las investigaciones del caso Cochinilla, ésta mañana se realizaron más de 40 allanamientos, incluidas las casas de alcaldes y oficinas municipales.

La investigación comenzó en abril de 2019 y abarca 15 proyectos de infraestructura de conservación de carreteras y construcción de obra.

Las autoridades judiciales de Costa Rica detuvieron este lunes 15 de noviembre a 6 alcaldes, entre ellos el de la capital San José, Johnny Araya, el de Cartago, Mario Redondo, y el de Escazú, Arnoldo Barahona, como sospechosos de actos de corrupción en la licitación y construcción de obra pública.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta Anticorrupción llevan a cabo este lunes 40 allanamientos en diversas partes del país e informaron que han sido detenidas 13 personas, entre ellas los alcaldes de San José (centro), Johnny Araya Monge; de Cartago (centro), Mario Redondo Poveda; de Escazú (SJ), Arnoldo Barahona; de San Carlos (norte), Alfredo Córdoba Soro; de Osa (sur), Alberto Cole De León; y de Alajuela (centro) Humberto Soto Herrera.

“La hipótesis tiene que ver con actos de corrupción relacionados con licitaciones, construcciones, pagos de obra, facilitación de oportunidades irregularidad que generaron situación de ventaja a empresas con dádivas y sobornos”, declaró en conferencia de prensa virtual el director del OIJ, Walter Espinoza.

En los allanamientos también fue detenido el gerente de la planta de asfalto de la empresa constructora MECO, de apellidos Gutiérrez Vargas; un empresario de apellido cruz, un funcionario de la municipalidad de Alajuela, de apellido Chacó; un funcionario de la municipalidad de Escazú (centro) de apellido Boraschi, y un funcionario de la municipalidad de Golfito (sur) de apellido Salas.

El operativo de este lunes involucra allanamientos en las alcaldías de San José (centro), Cartago (centro), Alajuela (centro), San Carlos (norte), Osa (sur), Golfito (sur), Escazú (centro) y Siquirres (Caribe), así como en las residencias de los alcaldes, una oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y otras instalaciones municipales y empresariales.

La investigación comenzó en abril de 2019 y abarca 15 proyectos de infraestructura de conservación de carreteras y construcción de obra, uno de los cuales se ubica en el municipio de San Carlos que se financia con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras viales cantonales, según la información de las autoridades.

“Pretendemos desentrañar y esclarecer hechos de corrupción que vinculan a funcionarios municipales, gobiernos locales y funcionarios de obra pública, que de alguna manera se vincularon con MECO para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, pago adelantado de facturas, inicio anticipados de obra y una serie de actividades que son constitutivas de delito”, dijo el director del OIJ.