Acompañados del candidato a la presidencia de la República y también firmante SERGIO MENA DÍAZ, los actuales diputados WALTER MUÑOZ CÉSPEDES (también candidato presidencial), PATRICIA VILLEGAS ÁLVAREZ, -ambos del PIN-, SHIRLEY DÍAZ MEJÍA del PNG y OTTO ROBERTO VARGAS VÍQUEZ, del Republicano, presentaron ésta tarde un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional.

Se trata de una solicitud que la Sala Constitucional detenga la realización de los debates de ambas televisoras, por tratarse de eventos discriminatorios y realizados en veda electoral.

Los recurrentes afirman que la selección de candidatos para la realización de los debates televisivos por parte de los recurridos, presentan una grave  discriminación basándose en encuestas que incluso plantean altos niveles de indecisión en la intención del voto, y con variaciones importantes que plantean un enorme problema para que sirvan de parámetro para justificar la escogencia de los participantes.

Lo anterior crea una situación de ventaja y exposición privilegiada en favor de los candidatos invitados, todo esto ad portas de la elección nacional y en medio de la veda electoral, lo que hace imposible para los aspirantes excluídos aclarar, contradecir, desmentir o hacer referencia sobre los temas abordados o incluso sobre referencias posibles a ellos o sus agrupaciones.

“La seria disparidad resultante tiene efectos en la exposición de esos candidatos, no debemos olvidar que si hay algo que tienen en común las encuestas es el porcentaje de indecisos, incluso algunos candidatos estaban todavía en el margen de error, hace cuatro años los candidatos que pasaron a la segunda ronda ni siquiera aparecían en los primeros lugares de las encuestas, sigue siendo cierto entonces que los debates televisivos tienen un efecto importante sobre todo de cara al cierre del proceso electoral, estableciendo una condición de beneficio y privilegio sólo para los que tienen esa exposición mediática.” Apunta el documento presentado.

En el pasado esas mismas empresas de comunicación planteaban su negativa a la realización de un debate que incluyera cuatro o más candidatos, cosa que si ocurre ahora. Si algo ha enseñado las últimas elecciones es cómo ha cambiado el espectro político, y que es fundamental para la toma de la decisión de la ciudadanía el acceso equitativo de la información y aquí es elemento fundamental con respecto a estas empresas de comunicación, que si bien se entiende su condición de privados, las frecuencias que utilizan son propiedad del Estado y el vehículo por el cual llegan a todos los costarricenses, no existe entonces bajo este formato, nada que asegure un ESTÁNDAR MÍNIMO DE PLURALISMO, dándose una gravísima lesión de los derechos fundamentales de participación política de los candidatos excluídos sino además un perjuicio al votante para que, afectando la información que podría tener para su ejercicio racional del derecho al sufragio que supondría contar con información mínima de todos los aspirantes presidenciales.

Además indican:  Con este comportamiento se han lesionando hasta la fecha, seriamente nuestros derechos de participación política y la democracia, al impedirle al pueblo costarricense conocer de las opciones que tiene para elegir presidente y diputados ya que se le da a escoger únicamente entre esas seleccionadas opciones de todas las que hay a nivel nacional , violentando además el derecho de todos los partidos políticos de participar en igualdad de condiciones.

Concretamente lo que pedido los diputados y el candidato Sergio Mena en ese recurso, es:

QUE SE ORDENE A LOS RECURRIDOS LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE DEBATES QUE TIENEN Y ESTÁN PROGRAMANDO, ya que, si bien es cierto que son sujetos privados los que organizan esos debates, también es cierto que la materia sobre la cual se debate ES DE EVIDENTE INTERÉS PÚBLICO, porque se trata de la escogencia de las más altas autoridades de la República.