Un juez de Uruguay decidió este jueves “la suspensión inmediata” de la vacunación contra el coronavirus a niños menores de 13 años, hasta que se conozcan los contratos entre el Estado y la farmacéutica Pfizer y la “composición de las sustancias” contenidas en el medicamento.

El gobierno de Luis Lacalle Pou, que junto con Pfizer habían sido requeridos para presentar información sobre las vacunas por el mismo magistrado, anunció que acatará la sentencia -que tiene efecto inmediato- pero hará apelación.

El juez Recarey entiende que se debe “suministrar a los responsables de los menores que se vacunen” un texto “que informe completamente y con claridad” del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro “con detalle de naturaleza, probabilidad (y) magnitud”, y los “efectos adversos ya detectados, en su totalidad”.

Las disposiciones del contrato firmado entre el gobierno uruguayo y Pfizer no tomaron estado público en el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes, que tuvo una precoz campaña de vacunación contra el covid-19.

Antes de la sentencia, el Ejecutivo uruguayo recusó al juez al cuestionar su imparcialidad “por haber dado su opinión previa respecto a la misma temática”.

En un comunicado difundido este mismo jueves en Twitter, el Ministerio de Salud Pública señaló que la vacunación en el país estuvo “basada en la evidencia científica disponible”.

“Bajo apercibimiento de desacato”, el juez, que actúa como suplente en un juzgado de lo Contencioso Administrativo, tomó la determinación tras un pedido de amparo para suspender la inoculación de la vacuna a niños, prevista en el país a partir de los 5 años de edad, aunque de forma voluntaria.

La suspensión, comunicada en un fallo emitido este jueves, estará vigente hasta que “se publique o publiquen íntegros (…) todos los contratos de compra de estas vacunas” y los documentos que “detallen la composición de las sustancias a inocular”, reza la resolución.

Tres días antes, el juez le planteó estas 18 preguntas al Ministro de Salud Daniel Salinas:

Las 18 preguntas que hace el juez a Salinas

1. Más allá de toda reserva contractual, ¿se hicieron por parte del Estado uruguayo estudios independientes de la información provista por sus fabricantes, que verifiquen la seguridad y efectividad de las sustancias vacunales en dación en Uruguay? ¿Se recurrió también a estudios independientes internacionales?

2. Partiendo de la reserva relativa a la composición de las sustancias vacunales, ¿Cómo se hicieron, si se hicieron, los controles de identidad y calidad de cada partida de vacunas importada, una por una, a medida que iban llegando a nuestro país? En caso positivo, detalle -sintéticamente- cantidad de análisis y metodología.

3. ¿Fueron y son iguales todas las partidas de vacunas que se inyectan? Fundamente si su respuesta nace de un efectivo conocimiento de sus componentes, o no.

4. ¿Por qué razón se administraron distintos tipos y marcas de vacunas, a distintas franjas o estamentos poblacionales (por ej. etarias, para policías, personal sanitario, menores, etc.?

5. ¿Hay criterios de apreciación diferencial acerca de la efectividad y seguridad para las distintas marcas (Pfizer, Sinovac o Coronavac)?

6. ¿Qué vacuna se inyecta a los menores, y cuales son los criterios científicos comprobados que llevan a preferirla a otras?

7. ¿Hizo el MSP un seguimiento de vacunados y de un grupo de control de no vacunados para conocer tasas de infección, reinfección y muerte en ambos grupos, obteniendo datos de valor estadístico y generalizables? En caso positivo ¿Cuál fue, dónde puede examinarse, quien y cómo lo hizo?

8. Sabido es ya que las vacunas, o algunas de ellas, contienen la denominada “proteína espiga (Spike)”. ¿Le consta a Ud. si su inoculación tiene efectos adversos -a corto, mediano y largo plazo- sobre la estructura del sistema inmunitario natural de las personas (en general y en especial en los niños)? ¿Genera riesgo de autoinmunidad?. En caso de que le conste que carece de efectos negativos, ¿en base a qué estudios? Si se hubieran analizado estudios al respecto por el MSP (o cualquier otra autoridad sanitaria nacional), ¿Cuáles fueron éstos en concreto, cuál su procedencia y quiénes sus autores?

9. ¿Le consta si la “proteína espiga ( Spike )”, tiene de por sí algún nivel de toxicidad? En caso de que le conste que no, ¿en base a qué informaciones?

10. ¿Es el Covid-19, SarsCov-2, una enfermedad definible como alta o significativamente agresiva para los niños? ¿Les causa, promedialmente, efectos graves? ¿O hay predominancia de efectos leves en la población infantil? De afirmarse gravedad estadística en los antedichos efectos, ¿en base a qué estudios se lo hace?

11. ¿Se ha estudiado, a nivel estatal nacional, la correlación entre la ocurrencia de la enfermedad y la vacunación, en los casos de afectados ya vacunados? Esto es, contagio, y desarrollo de la enfermedad en dichas hipótesis.

12. ¿Crecieron los casos de Covid-19 en menores de edad -de cualquier nivel de gravedad que fuere- luego de la vacunación, en relación a los que se hubieran verificado antes (para la misma franja etaria, claro está), en el período que corrió desde la vigencia inicial de la emergencia sanitaria del año 2020, y el comienzo de las inoculaciones a menores? ¿En el caso de que luego de las vacunaciones a menores se hubiera reportado un aumento de casos en ellos, se han estudiado las causas? ¿Cómo?

13. El proceso de vacunación durante la vigencia de una epidemia, ¿aumenta la variabilidad de las mutaciones en las proteínas de los virus? ¿Perjudica de algún modo la reacción natural del sistema inmune de los inoculados, especialmente los menores?

14. ¿Se ha estudiado si, en el caso de las vacunas suministradas en Uruguay, se han seguido los protocolos usuales de ensayo a tres años con grupos de control? ¿Le consta a Ud. que la empresa Pfizer, en relación a la vacuna que se suministra a menores en Uruguay, haya eliminado sus grupos de control? ¿O evitado de la forma que fuere su implementación y desenvolvimiento?

15. De resultar de la respuesta a la pregunta anterior que no se hayan analizado, con los debidos protocolos de seguridad, los efectos de las vacunas, ¿podría sostenerse técnicamente que la vacunación implica un factor de riesgo, aún riesgo relativo? ¿O no (y en su caso por qué)?

16. ¿Le consta la existencia de informes internacionales, como por ej. los del VAERS (u otros), que reporten muertes o efectos secundarios graves -en cualquier edad- vinculados a las vacunas que se suministran en Uruguay? En caso positivo, ¿han sido estudiados por el Estado uruguayo? ¿A qué nivel, por quien y con qué resultados?

17. ¿Se han estudiado en Uruguay las evidencias que permitan concluir que la vacunación contra el Covid-19 en menores, les produce más beneficios que riesgos? En caso positivo, ¿a qué nivel, por quien y con qué resultados?

18. ¿Estudió el Estado uruguayo el informe del “Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría”, de fecha 9.XI.2021 (y firmado por siete docentes universitarios), que apuntaba a los riesgos de la vacunación en menores de 12 años de edad? En su caso, ¿Qué razones científico-técnicas habrían llevado al MSP a su descarte (en la práctica)?

«Los fallos se acatan, pero se pueden criticar, y este fallo es un disparate». Así se refirió el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a la orden del juez Alejandro Recarey de suspender la vacunación anticovid en niños entre cinco y 13 años, conocido este jueves.

Delgado planteó que la decisión de Recarey va «contra la opinión de la ciencia y lo que pasa en el mundo», y recordó que la vacunación en Uruguay no es obligatoria para ninguna franja etaria.

En conferencia de prensa el jerarca agregó que el Poder Ejecutivo apelará «indudablemente» la decisión del magistrado. «El gobierno está preparando la apelación inmediata de este fallo», dijo.

El fallo del juez Alejandro Recarey, que suspendió la vacunación anticovid para menores de 13 años, protagoniza las portadas de los diarios uruguayos y del mundo. Pero esta no es la primera vez que el juez «va para adelante» en casos que involucran al Estado.

Recarey es el titular del juzgado letrado Civil de 9º Turno, pero en este caso, debido a la licencia de Carlos Aguirre, ofició como juez de lo Contencioso Administrativo de 4º Turno. Según informó Montevideo Portal, fuentes cercanas al juez en lo civil lo describen como un hombre con un especial «sentido de justicia».

En 2019, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Recarey condenó al MSP a adquirir un medicamento de alto costo, en el marco de un recurso de amparo. La cartera no compró el medicamento, dejó pasar los plazos y el entonces ministro de salud, Jorge Basso, decidió no concurrir a una audiencia convocada por el juez, por lo que Recarey lo denunció por desacato. Un mes más tarde, Basso asistió a la Fiscalía de Flagrancia a declarar como indagado.

El Dr. Gustavo Salle Larier, abogado, ex candidato a la presidencia del Uruguay, y líder de los movimientos por la libertad y la autodeterminación dijo: “Uruguay dio el batacazo, el maracanazo sanitario. Paramos a los genocidas que están inoculando para matar. El juez (Alejandro) Recarey paró las inoculaciones ilegales que se estaban llevando adelante contra los niños del Uruguay”, afirmó el excandidato a presidente tras el fallo que suspendió la vacunación anticovid a niños menores de 13 años en el país.

“Logramos poner de rodillas, aunque sea por unos minutos, a la élite hegemónica internacional, despobladora, genocida, manipuladora, mentirosa, desalmada, y eso lo tenemos que festejar”, aseguró en uno de varios videos que difundió en sus redes sociales, grabados en La Mancha (España).

“Esta sentencia tiene que replicar en el mundo entero, y lo gritamos aquí, desde la meseta de La Mancha. La conducta del juez Recarey tiene que marcar el presente que todos los jueces del planeta ahora deben seguir”, sostuvo Salle, que integra los movimientos de resistencia en Uruguay.

Salle también proclamó: «Paramos el infanticidio, y eso lo tenemos que festejar».