Los blindados contratos que los países suscribieron con la farmacéutica Pfizer y BioNTech, gozan de una cláusula de confidencialidad por lo que se suponía no se llegarian a conocer, sino hasta tanto as ei lo decidiera la misma farmacéutica, sin embargo en Colombia, el Intituto Anti corrupción ganó una querella y un juez de la República ordenó que se hiciera público.

De lo más relevante que muestra el contrato de Pfizer con el gobierno colombiano, transcribimos:

La República de Colombia reiteró que acepta, que los esfuerzos desplegados por Pfizer y BioNTech y sus afiliados por desarrollar y fabricar la Vacuna son de naturaleza aspiracional y están sujetos a riesgos significativos e incertidumbres, por lo cual la República de Colombia asume íntegramente los riesgos derivados de la adquisición, uso y aplicación de la vacuna…

Página #3 del contrato de Pfizer para Colombia.

…el Producto ha completado la Fase 2b/3 de los ensayos clínicos y que, pese a los esfuerzos de Pfizer en investigación, desarrollo y manufactura, el Producto podría no tener éxito por motivos técnicos, clínicos, reglamentarios, de fabricación, despacho, almacenamiento u otros desafíos o fallas.

Página #12 del contrato de Pfizer para Colombia.

El comprador garantiza a Pfizer que:

…renuncia a la inmunidad soberana, establecidas en el presente documento, y proporcionar la protección adecuada a Pfizer, BioNTech y sus afiliados contra la responsabilidad por reclamaciones que surjan de o en relación con la vacuna o su uso.

…el Comprador asume integralmente esos riesgos e incertidumbres…

Página #26 del contrato de Pfizer para Colombia.

El Comprador reconoce además que los efectos a largo plazo y la eficacia de la Vacuna, no se conocen actualmente y, asimismo, que la Vacuna podría tener efectos adversos actualmente desconocidos.

Página #28 del contrato de Pfizer para Colombia.

El Comprador acepta indemnizar, defender y mantener indemne a Pfizer, BioNTech, sus Filiales, contratistas, sub-contratistas, licenciantes, licenciatarios, sublicenciatarios, distribuidores, fabricantes por contrato, proveedores de servicios, investigadores de ensayos clínicos o terceros a quienes Pfizer o BioNTech o alguna de sus respectivas Filiales que adeuden directa o indirectamente alguna indemnización con sustento en la investigación, desarrollo, fabricación, distribución, comercialización o el uso de la Vacuna y cada uno de los funcionarios, directores, empleados y los demás agentes y representantes y sus respectivos antecesores, sucesores y cesionarios (“Partes Indemnizadas”), frente a todas y cualesquiera acciones judiciales, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, perjuicios, responsabilidades, transacciones, sanciones, multas, costos y gastos (incluyendo, sin limitación, los honorarios razonables de abogados y otros asesores y demás gastos de investigación o litigio), sean de carácter contractual, extracontractual, propiedad intelectual u otra teoría legal, reglamentaria, en equidad o de otro modo por cualquier persona natural o jurídica (colectivamente, “Pérdidas”) causadas por o que surjan, se deriven o estén relacionadas con la Vacuna, incluyendo, sin limitación, cualquier etapa de diseño, desarrollo, investigación, formulación, prueba, pruebas clínicas, fabricación, rotulado, empaque, transporte, almacenamiento, distribución, mercadeo, promoción, venta, compra, licenciamiento, donación, dispensación, prescripción, administración, entrega o uso de la Vacuna, cualquier información, instrucciones, consejo o guía dada por Pfizer o BioNTech o cualquiera de sus Afiliadas relacionadas con el uso de la Vacuna, o cualquier procesamiento o transferencia de información personal transferida por el Comprador a las Partes Indemnizadas (“Actividades Cubiertas”).

Página #30-31 del contrato de Pfizer para Colombia.

Un analisis realizado por PUBLIC CITIZEN determinó que las negociaciones entre los gobiernos y Pfizer se realizaron en medio de secretismo, con poca información pública disponible para la ciudadanía pese a que se trataba de compras hechas con fondos públicos.

La organización de defensa de derechos del consumidor Public Citizen analizó nueve contratos de la farmacéutica Pfizer y encontró que distintos Estados aceptaron guardar silencio sobre los acuerdos, renunciar a su inmunidad soberana y admitir que Pfizer controle donaciones de vacunas, reclame como suyos activos públicos en caso de arbitrajes y no enfrente ninguna penalidad frente a incumplimientos o reclamos por derechos de propiedad intelectual.

El informe analiza los acuerdos a los que llegó la farmacéutica con Albania, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, la Comisión Europea, Perú, Estados Unidos y el Reino Unido. Y si bien cada contrato es distinto, dos aspectos se mantienen como constante: la falta de transparencia en las negociaciones y el poder que se le otorgó a Pfizer.

Un segundo contrato que les compartimos es el firmado por el gobierno de Perú y Pfizer, donde igualmente se leen cláusulas similares a las de Colombia:

La confidencialidad es la constante más común en los contratos de Pfizer analizados por Public Citizen. Sin embargo, los términos en que se plantea dicha obligación no son los mismos para todos los Estados. Para Estados Unidos, por ejemplo, tanto los gobiernos como la misma empresa Pfizer tienen prohibido hacer anuncios públicos sobre su convenio o las transacciones que este contempla sin un consentimiento mutuo. En el caso de la Comisión Europea, los gobiernos que son parte no pueden incluir en ningún anuncio el precio de cada dosis o información que Pfizer considere importante si la farmacéutica no lo autoriza.

Para Brasil, sin embargo, las condiciones de confidencialidad van más lejos y no aplican para Pfizer; es el gobierno brasilero el que se encuentra prohibido de hacer cualquier anuncio público sobre la existencia, el contenido o los términos del contrato, o incluso comentar sobre su relación con Pfizer si es que la empresa no da permiso por escrito antes. De acuerdo al análisis de Public Citizen, no hay una cláusula así en los contratos de otros países de Latinoamérica, si bien todos tienen la obligación de confidencialidad de una forma u otra.

“Es inaceptable que se presione a gobiernos democráticos para que no actúen con transparencia, que no rindan cuentas y no admitan la veeduría ciudadana de procesos de adquisición de vacunas”, señalaron César Moreno y Manuel Machado, respectivamente director y subdirector de la ONG Misión Salud. En respuesta a un cuestionario enviado por Salud con lupa, esta organización también calificó como indebidas las presiones que los productores de vacunas ejercen en los gobiernos que buscan abastecerse de vacunas con urgencia.

Es importante recordar que la falta de transparencia en las negociaciones no es exclusiva de los contratos con Pfizer. En marzo, Salud con lupa realizó solicitudes de acceso a la información pública al gobierno peruano para conocer los términos del contrato con el laboratorio chino Sinopharm, cuya vacuna contra la covid-19 fue la primera en aplicarse en el país. La respuesta negativa que recibieron, tres meses después, apuntó que la información solicitada tiene carácter confidencial por estar referida a secretos comerciales.

Algunos otros contratos con partes protegidas:

VER CONTRATO DE ALBANIA HACIENDO CLICK AQUÍ

VER CONTRATO CON LA UNIÓN EUROPEA HACIENDO CLICK AQUÍ

VER CONTRATO CON BRASIL HACIENDO CLICK AQUÍ

VER CONTRATO CON CHILE HACIENDO CLICK AQUÍ

VER CONTRATO CON EEUU HACIENDO CLICK AQUÍ